En relación con el RD Ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (texto consolidado publicado el 26 de mayo de 2012) la (asamblea; la junta directiva) de SESPAS:

- Reconoce la necesidad insoslayable de tomar medidas para garantizar la viabilidad y continuidad del SNS.

- Discrepa del procedimiento mediante el que se ha producido la reforma, a través de un Real Decreto Ley, lo que ha sustraído al debate político la alteración del modelo de asistencia pública sanitaria.

- Destaca la oportunidad de las decisiones de reasignación de recursos y de racionalización de los servicios y las intervenciones sanitarias bajo criterios de coste/efectividad y de coste/oportunidad y de acuerdo con evaluaciones rigurosas.

- Valora positivamente la implantación del registro de profesionales, la elaboración de un catálogo homogéneo y la supresión definitiva de la modalidad de prestación de servicios de cupo y zona.

- Manifiesta su preocupación porque se obvia la ley 33/2011 general de salud pública, particularmente en relación al potencial impacto sobre la salud y a la reducción de las desigualdades sociales, así como a la universalidad de la atención.

- Rechaza la modificación del artículo 3 de la ley16/2003 de cohesión y calidad del sistema sanitario en la medida que implica la sustitución del sistema nacional de salud accesible a los ciudadanos por otro solo accesible a los asegurados y beneficiarios.

- Sospecha que tal modificación disminuirá la cohesión social atribuible a un SNS universal y equitativo y aumentará el riesgo de transmisión de enfermedades debido a la exclusión de grupos de población como los inmigrantes.

- Teme las consecuencias de la inseguridad jurídica que plantea la aplicación de algunas de las medidas contempladas en el Real Decreto Ley.

- Reitera su disponibilidad a colaborar con las administraciones sanitarias públicas en la racionalización del SNS y particularmente en el desarrollo de la ley general de salud pública para fomentar la responsabilidad efectiva del conjunto de la sociedad en la protección y la promoción de la salud de la población.